El Gobierno suspende los embargos a pymes e impulsa con las provincias la eliminación del impuesto a los sellos

Durante la realización de la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas de alivio financiero dirigidas al sector de las pequeñas y medianas industrias. La propuesta oficial comprende la suspensión de embargos judiciales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, la ampliación de los planes de moratoria impositiva, la posibilidad de compensar deudas aduaneras con créditos a favor por exportaciones, la creación de líneas crediticias para la industria automotriz y un planteo formal a los gobernadores provinciales para avanzar en la eliminación del impuesto a los sellos mediante un esquema de compensación fiscal compartida.

Las disposiciones de la cartera económica responden a una coyuntura caracterizada por crecientes complicaciones operativas y financieras en las cadenas productivas de menor escala. De acuerdo con datos elaborados por la Fundación Observatorio PyME, una de cada siete industrias pymes registró ejecuciones de embargos tributarios emitidos por la agencia fiscal, notificándose la mayoría de estos procedimientos en un plazo menor a los 30 días posteriores al vencimiento de los tributos. Las causales principales del atraso se concentraron en las obligaciones corrientes como el impuesto al valor agregado, las ganancias y los aportes de la seguridad social, sumadas a la caída de planes de facilidades de pago por dificultades de caja.

Esta fragilidad impositiva se vio profundizada por el alargamiento en los plazos de cobro a clientes, fenómeno que afectó a la mitad de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial. El informe técnico expuso que el plazo promedio de cobranza se extendió hasta los 49 días, registrando un incremento de diez días respecto a los valores observados en 2025 y generando una severa fricción sobre el capital de trabajo de los establecimientos. Ante este cuadro, el titular del Palacio de Hacienda contextualizó la situación señalando ante los empresarios: "Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no se va a solucionar en un mes o dos".

En ese escenario, el paquete presentado fijó en primer lugar la postergación de las medidas cautelares de embargo a las pymes hasta mayo de 2027, con la finalidad de otorgar previsibilidad para el ordenamiento de sus balances. En segundo término, se resolvió extender el plan de pago diferido en 18 cuotas administrado por ARCA, incorporando las obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de este año, superando el límite anterior que abarcaba deudas contraídas únicamente hasta el 30 de junio.

La tercera disposición contempla que las pequeñas y medianas firmas puedan utilizar el 100% de los saldos a favor generados por reintegros de exportación o crédito fiscal de IVA asociado a ventas externas para saldar compromisos de naturaleza aduanera. Este esquema se extenderá a las grandes empresas de manera paulatina. Al fundamentar el instrumento, el ministro cuestionó las demoras estatales que alcanzaban entre seis y nueve meses para la devolución de divisas, manifestando que "es ridículo que se esté debiendo plata al mismo tiempo que se les cobra", y subrayó que la medida apunta a estructurar una cuenta corriente única en el ámbito aduanero.

Asimismo, la cuarta medida se enfocó en el financiamiento para la industria automotriz a través del Banco Nación, entidad que ofrecerá líneas crediticias a plazos de tres, cuatro o cinco años con tasas fijas cercanas al 20% anual. Sobre el origen de los recursos, el funcionario descartó un impacto en la emisión monetaria, afirmando: "No hay ningún plan platita. Esto es solo tratar de darle una solución en la coyuntura a un problema heredado y que va a llevar tiempo solucionar, que es el del costo financiero".

Por último, el ministro de Economía adelantó la decisión de acordar con los mandatarios de las provincias la supresión del impuesto a los sellos, al que definió como un tributo altamente distorsivo. La recaudación de este gravamen representa entre 4 y 5 billones de pesos anuales a nivel nacional, equivalente a una porción comprendida entre el 0,4% y el 0,5% del Producto Bruto Interno. La oferta oficial contempla que el Estado nacional compense el 50% de la recaudación que pierdan las provincias que adhieran a regímenes como el RIGI, a condición de que las administraciones locales absorban la mitad restante y deroguen la carga tributaria. El jefe de la cartera económica confirmó el inicio de conversaciones con diversos mandatarios provinciales para implementar la propuesta, reconociendo el esfuerzo fiscal adicional que implicará para el Tesoro nacional.